La conductora Mariana Pedraza, imputada por provocar el siniestro que dejó cuadripléjico al joven en 2022, accedió a la probation. Familiares y amigos habían realizado colectas para su tratamiento en Buenos Aires.
DESTACADA DEL DIA03/10/2025
Carlos López Véliz 
En una resolución que marca un giro en una de las causas viales más conmocionantes de los últimos años, el juez Correccional N° 2, Diego Chayle Costilla, concedió la suspensión del juicio a prueba (probation) a Mariana Pedraza, imputada por el delito de lesiones gravísimas. La decisión implica que la empleada judicial no enfrentará un juicio oral, tras el acuerdo alcanzado entre la defensa y la querella.
El acuerdo
En la audiencia celebrada con la presencia del fiscal Federico Maturano, la imputada, su abogado defensor y el representante de la querella, se presentó una propuesta de reparación integral del daño. El convenio, que fue homologado por el magistrado, contempla:
La entrega de un vehículo utilitario Citroën Berlingo para el uso personal de la víctima.
El pago de una suma de dinero en concepto de resarcimiento económico a la persona que acompañaba a Pereyra en la motocicleta.
La transferencia del rodado a nombre de la víctima en un plazo máximo de 30 días corridos.
Un siniestro que cambió una vida
El hecho ocurrió en la madrugada del 13 de marzo de 2022, en la zona conocida como La Punta del Asfalto, en Valle Viejo. Pedraza, al mando de un automóvil, impactó contra la motocicleta conducida por Lucas Pereyra, quien iba acompañado.
El joven sufrió lesiones gravísimas que derivaron en un diagnóstico de cuadriparesia, lo que obligó a un largo proceso de internaciones y rehabilitación. Su familia, junto a amigos y vecinos, organizó colectas solidarias para costear el costoso traslado y tratamiento en Buenos Aires.
Cierre judicial
Con este acuerdo, la causa no llegará a juicio. La probation otorgada a Pedraza supone el cumplimiento de las condiciones pactadas como vía de reparación, aunque el desenlace deja un sabor agridulce en la sociedad: por un lado, el reconocimiento del daño causado y la ayuda material para la víctima; por otro, la sensación de impunidad al no avanzar en un debate oral por un hecho que marcó de por vida a Lucas Pereyra y su entorno.
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