haber montado un entramado de estafas millonarias. Aprovechó la necesidad laboral y prometió ingresos en mineras, licitaciones de obras y certificaciones empresariales. El fraude, según la Fiscalía, superaría los 16 millones de pesos.
DESTACADA DEL DIA04/10/2025
Carlos López Véliz La ilusión de conseguir trabajo y progresar en el interior de la provincia fue utilizada como anzuelo para una serie de maniobras delictivas que hoy tienen a una mujer imputada formalmente por la Justicia.
La acusada, identificada como Graciana Valeria Páez, fue indagada por el fiscal de Instrucción de la Quinta Circunscripción Judicial, Germán Quinteros, quien le atribuyó seis hechos de estafa simple y administración fraudulenta en concurso real.
El modus operandi
Según la investigación, Páez habría engañado a varias personas simulando gestiones ante empresas mineras, constructoras y organismos públicos. Las víctimas, en su mayoría trabajadores y emprendedores, entregaron fuertes sumas de dinero con la esperanza de acceder a empleos, licitaciones o certificaciones que jamás existieron.
En 2019, habría convencido a tres personas de pagar $13.500 cada una para ingresar a una minera.
Luego, se ganó la confianza de otra víctima con la promesa de conformar una empresa constructora para participar en la licitación de 70 cuadras de asfalto en Tinogasta, logrando que transfiriera más de $11 millones.
En un tercer caso, bajo la excusa de gestionar una certificación ISO 9001, obtuvo $4,7 millones.
Para reforzar la estafa, utilizaba documentación apócrifa, comprobantes adulterados y hasta difundía imágenes de reuniones con autoridades políticas para aparentar respaldo oficial.
Contactos políticos bajo sospecha
Entre sus maniobras, llegó a entrevistarse con el intendente de Tinogasta, Ernesto Andrada, difundiendo una foto de ese encuentro para convencer a las víctimas. El jefe comunal, al tomar conocimiento, se presentó espontáneamente en la Fiscalía para deslindar responsabilidades y aclarar que no tenía relación con los hechos.
Avance de la causa
La mujer declaró en indagatoria representada por un abogado particular. El fiscal Quinteros solicitó su planilla de antecedentes, ordenó pericias caligráficas y otras diligencias para cerrar la investigación.
Un fraude que desnuda una realidad social
El caso no solo revela la magnitud de un fraude que superaría los 16 millones de pesos, sino también la vulnerabilidad de miles de trabajadores que, en contextos de desempleo y falta de oportunidades, terminan siendo presa fácil de promesas que juegan con lo más sensible: la ilusión de un futuro mejor.
En este expediente, lo judicial y lo social se cruzan: mientras la acusada enfrenta cargos graves por estafa y administración fraudulenta, las víctimas quedaron con sus economías destruidas y sus proyectos truncos.
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