Inhabilitación perpetua de por vida para policía

Los jueces de la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Tercera Nominación hallaron culpable en el delito de “peculado” al ahora expolicía Héctor Nelson Ramírez Ávila. En consecuencia, fue condenado a la pena de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.
 
Los hechos ocurrieron entre octubre y diciembre de 2017 y entre febrero y marzo de 2018. Según la investigación realizada por el fiscal de la Unidad de Delitos Contra la Administración Pública, Facundo Barros Jorrat, Ramírez Ávila era el encargado de percibir de parte de contraventores, dinero en concepto de multas impuestas en el marco del Código de Faltas y de confeccionar y expedir los respectivos recibos a las personas. Según la acusación, habría sustraído la suma total de $25.266. Por entonces, Ramírez Ávila prestaba servicio en la comisaría de Santa Rosa, en el departamento Valle Viejo.
 
El Tribunal estuvo integrado por los jueces Jorge Palacios, Marcelo Soria y Patricia Olmi. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal Miguel Mauvecín. La defensa fue ejercida por la defensora Penal Oficial de Cuarta Nominación, Lorena Paschetta.
 

El debate se inició el lunes último. En aquella oportunidad, el policía declaró que había ido a rendir cuentas de los talonarios pero que no le quisieron recibir el dinero en la Dirección de Administración de la Policía ya que él no estaba a cargo del expediente, les explicó a los magistrados.

 
En 2018, Ramírez Ávila se habría quedado con $28.500 pesos que fueron el resultado de una supuesta infracción al Código de Faltas y en la que se había secuestrado una camioneta, rodado que fue liberado y entregado al dueño sin expedir el policía el dinero ni recibo alguno. El efectivo dijo que se "le pasó por alto" la entrega del comprobante.

En la instancia de alegatos, el representante del Ministerio Público Fiscal advirtió que el acusado nunca dio explicaciones de por qué no entregó el dinero ni completó el formulario. A la vez, remarcó que el dinero “es un bien consumible y que privó a la administración pública durante tres años de contar con ese dinero. También remarcó que presentó el dinero una vez que fue citado a declarar en indagatoria. “Si no hubiera sido citado, estaría con la plata en su poder”, señaló. Por ello, mantuvo la acusación en su contra, pidió una pena de tres años de prisión en suspenso y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.

A su turno, la defensora Paschetta se opuso al planteo del fiscal de Cámara. Solicitó la absolución por el beneficio de la duda.

Tras un cuarto intermedio, el Tribunal dio a conocer el veredicto. Por unanimidad, Ramírez Ávila fue hallado culpable en el delito de “peculado” y condenado de acuerdo con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal.

Delito
El “peculado” es uno de los delitos contra la Administración Pública que se concreta cuando un funcionario público sustrae caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo o emplea en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública.

De acuerdo con el artículo 261 del Código Penal Argentino, será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo.