Violencia institucional y una década de impunidad

Las víctimas siguen esperando una reparación, mientras la oficial imputada continúa en funciones dentro de la fuerza.
Una década después de los hechos, la causa por vejaciones y severidades contra la oficial Dagma Yazmín Moya, acusada de haber golpeado y humillado a dos artesanas, finalmente será elevada a juicio. El expediente —marcado por dilaciones, apelaciones y planteos de prescripción— vuelve a poner en evidencia la demora estructural del sistema judicial y la falta de sanciones efectivas frente a casos de violencia institucional.

El hecho ocurrió en mayo de 2015, cuando las artesanas Pamela Romero y Fabiana Orellano trabajaban en la peatonal Rivadavia con permiso municipal. Ese permiso, lejos de protegerlas, las convirtió en blanco de un operativo policial desmedido.
Según la investigación, un grupo de efectivos se presentó para desalojarlas y, ante la resistencia de las mujeres —que exhibieron la autorización y comenzaron a filmar el procedimiento—, fueron detenidas y trasladadas a la Comisaría Primera, donde habrían sufrido vejaciones y maltratos físicos.

La oficial Moya fue señalada como la principal responsable de esas agresiones, calificadas por la fiscalía como “severidades y vejaciones ilegales agravadas por el uso de violencia”.

Una década de espera y silencio
La causa, tramitada durante diez años, enfrentó múltiples intentos de cierre. La defensa de la acusada pidió su sobreseimiento por prescripción, argumentando que el plazo penal había vencido en 2020.
Tanto el fiscal Laureano Palacios como la querella se opusieron al planteo, recordando que Moya sigue en funciones dentro de la Policía de la Provincia, motivo por el cual el plazo de prescripción permanece suspendido, conforme al artículo 67 del Código Penal.

El Juzgado de Control de Garantías N°3, a cargo del juez Lucas Vaccaroni, rechazó el pedido de sobreseimiento y confirmó la elevación a juicio. En su resolución, sostuvo que el tiempo transcurrido “se explica por la naturaleza del hecho y la complejidad del trámite”, aunque las demoras judiciales implicaron una revictimización constante para las mujeres.

Una oficial aún en funciones
El expediente también generó indignación al conocerse que, pese a la imputación, Dagma Moya continúa prestando servicios en la fuerza, con el grado de oficial ayudante y planta permanente, según lo confirmó la propia Jefatura de Policía de la Provincia.

“Nos trataron como si fuéramos delincuentes, cuando solo estábamos trabajando. Lo que más duele es que nadie nos pidió perdón”, expresó una de las víctimas en su momento.
Un juicio que pondrá a prueba a la Justicia
El juicio oral, cuya fecha aún no fue fijada, será una oportunidad para saldar una deuda de diez años.
El caso expone no solo la violencia policial ejercida contra mujeres trabajadoras, sino también la impunidad institucional que permitió que el expediente se prolongara durante una década sin resolución.

La Justicia catamarqueña tendrá ahora la posibilidad de demostrar que los abusos cometidos bajo el uniforme no prescriben, y que la verdad y la reparación pueden llegar, aunque sea tarde.